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El senador Mike Lee, republicano de Utah, copatrocina un proyecto de ley para duplicar las multas a inmigrantes que ingresen —o intenten ingresar— al país de manera ilegal y a los empleadores que los contraten.
“Los estadounidenses están pagando la cuenta por los inmigrantes indocumentados que usan servicios públicos, beneficios y escuelas destinadas a ciudadanos”, dijo en un comunicado de prensa.
El senador republicano no estuvo disponible para una entrevista. Aun así, la oficina de Lee citó un informe de 2023 de la Federation for American Immigration Reform, una organización sin fines de lucro antiinmigración que busca reducir la inmigración legal y detener la inmigración ilegal. FAIR concluyó que la inmigración ilegal le cuesta a Estados Unidos 150 mil millones de dólares.
Su informe no especifica un periodo de tiempo para ese costo, pero dice que la mayoría de los datos provienen de los años fiscales 2020 a 2022. El informe también adopta una visión amplia, atribuyendo a los inmigrantes sin estatus legal los costos de la aplicación de la ley, incluido todo el presupuesto de la rama de Operaciones de Cumplimiento y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, así como los costos de los procesos de deportación.
A diferencia de otros análisis, también incluye los beneficios públicos utilizados por hijos ciudadanos nacidos en Estados Unidos cuyos padres carecen de estatus legal, ya que esos niños no estarían en el país de no ser por sus padres. Siguiendo ese enfoque en su análisis del uso de asistencia pública, el Center for Immigration Studies, organización hermana de FAIR, también incluye los beneficios usados por hijos ciudadanos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes no autorizados.
¿Qué dice otra investigación?
Un estudio de 30 años del libertario Cato Institute encontró que los inmigrantes sin estatus legal “probablemente redujeron el déficit en al menos 1.7 billones de dólares”. David Bier, director de estudios de inmigración en el centro de pensamiento, dijo que la afirmación de Lee es incorrecta.
“En particular, los inmigrantes indocumentados reciben muchos menos beneficios y tienen mucha menos probabilidad de estar en escuelas públicas que la población nacida en Estados Unidos, y por lo tanto están pagando impuestos y cubriendo esos costos”, dijo.
En un testimonio ante el Congreso en 2024, Bier dijo que el estudio de FAIR subestima las contribuciones fiscales de los inmigrantes e ignora cómo los hijos ciudadanos crecen y terminan pagando impuestos.
Parte de la razón por la cual los inmigrantes no autorizados benefician financieramente al país, según el análisis de Cato, es que muchos sin estatus legal pagan impuestos pero no presentan declaraciones para reclamar reembolsos.
¿Qué sabemos sobre la población indocumentada de Utah?
Utah alberga a unas 138,000 personas sin autorización migratoria hasta 2023, según el centro de estudios no partidista Migration Policy Institute. Eso es aproximadamente el 4% de la población del estado. Más de la mitad vive en el condado de Salt Lake.
Las estimaciones sobre las contribuciones financieras de los inmigrantes no autorizados en Utah varían. El Institute for Taxation and Economic Policy dice que pagaron 235 millones de dólares en impuestos estatales y locales en 2022, y en 2023, el American Immigration Council, que apoya a los inmigrantes, situó esa cifra en 322.5 millones. Nueve de cada 10 inmigrantes no autorizados en Utah están en edad de trabajar, y a menudo encuentran empleo en la construcción, las artes y la hospitalidad, y la manufactura. El 9% son emprendedores.
Es mucho más común que los hijos de inmigrantes indocumentados sean ciudadanos que carezcan de estatus legal. Utah tiene alrededor de 7,000 inmigrantes no autorizados menores de 16 años, en comparación con 42,100 niños ciudadanos que viven con un padre que no tiene estatus legal.
¿A qué beneficios públicos tienen acceso las personas sin estatus legal?
El más importante, dijo Bier, es la educación pública.
La Corte Suprema de Estados Unidos estableció en 1982 que los estudiantes tienen derecho a la educación de K-12, independientemente de su estatus legal. Las escuelas no registran ese dato, por lo que no hay manera de saber cuántos niños en las escuelas de Utah carecen de estatus legal, pero el Migration Policy Institute estima que hay 8,000 niños inmigrantes no autorizados (de 5 a 18 años) inscritos en escuelas en Utah.
Bier dijo que los inmigrantes que están en el país sin autorización no usan tanto el sistema de escuelas públicas como los ciudadanos porque suelen llegar a Estados Unidos como adultos.
“Ya terminaste la escuela, la universidad, estás en la fuerza laboral, buscas trabajo, y básicamente estás obteniendo un trabajador sin tener que pagar por su formación”, dijo.
Otros programas disponibles en Utah, independientemente del estatus legal, incluyen almuerzo escolar gratuito, el programa de nutrición para Mujeres, Bebés y Niños, y la matrícula estatal para colegios y universidades públicas.
Utah también es uno de 15 estados con un programa de seguro de salud de bajo costo para niños, independientemente de su estatus legal. El programa, llamado State CHIP, costó a Utah unos 4 millones de dólares en el año fiscal 2025. Las familias deben cumplir requisitos de ingresos y empleo.
La senadora estatal Luz Escamilla impulsó el proyecto de ley para iniciar el programa y dijo que tiene sentido financiero pagar el seguro de salud para que los niños reciban atención antes de necesitar tratamiento de emergencia. También significa que los proveedores médicos reciben pago por su trabajo.
“¿Por qué castigar a un niño cuando no tiene absolutamente ningún control? Y siempre es mejor tener atención preventiva para cualquier persona, y más aún para los niños. Es mucho más rentable”, dijo.
Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.
Este reportaje ha sido traducido por inteligencia artificial y editado por Edgar Zúñiga, de Avanza 88.3, la primera emisora de radio pública bilingüe de Utah.
