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La disputa sobre el futuro de las fronteras congresionales de Utah llegó a un punto crítico durante una sesión especial de la Legislatura el 6 de octubre, cuando los legisladores aprobaron oficialmente el Mapa C.
La votación fue un alivio para los republicanos, quienes no ocultaron que sentían que el Mapa C representaba mejor los distritos congresionales del estado. Durante el período de votación de 10 días, el Partido Republicano estatal envió un correo masivo instando a sus miembros a mostrar públicamente su apoyo al Mapa C.
El mapa elegido divide tres ciudades (North Salt Lake, Millcreek y Pleasant Grove) y tres condados (Davis, Salt Lake y Utah), lo que, de los seis mapas presentados, lo convierte en el más favorable para mantener la representación republicana en Washington.
La representante Stephanie Gricius, miembro del comité de redistribución de distritos, dijo que sentía que era el mejor posicionado para servir a Utah en el futuro.
“Cuando revisamos estos mapas por primera vez, me gustó mucho la distribución de las instalaciones militares que tiene este mapa, y creo que es un gran mapa para maximizar nuestra representación allí”, dijo.
Sin embargo, los demócratas siguen descontentos y ven que la batalla legal sobre los distritos congresionales del estado continuará.
Una hora antes del inicio de la sesión especial, el comité de redistribución de distritos se reunió para anunciar su mapa preferido. Los únicos dos demócratas del comité, la líder de la minoría en el Senado Luz Escamilla y el representante Doug Owens, se opusieron a la recomendación antes de que fuera enviada a la Legislatura para su votación.
“Después de haber participado en el proceso de trabajar con los mapas y entender que hay muchas limitaciones, creo que este mapa específico no cumple con los requisitos y estándares de redistribución establecidos por la Propuesta 4”, dijo Escamilla.
La votación final en la Cámara fue de 56 a 17 (la votación en el Senado fue de 18 a 9) a favor del Mapa C, tras años de disputas legales derivadas de una iniciativa ciudadana de 2018 que creó, entre otras cosas, un proceso de redistribución no partidista y una comisión independiente para trazar los mapas del estado. Después de la aprobación de la Propuesta 4, la supermayoría republicana cambió la ley para que la comisión independiente fuera solo consultiva y aprobó sus propios mapas en 2021, creando cuatro distritos congresionales seguros para los republicanos.
Los defensores de la Propuesta 4 demandaron al estado por el mapa congresional de 2021, y los tribunales estatales ordenaron a la Legislatura volver a empezar después de que un fallo en agosto determinó que los legisladores violaron la constitución estatal al ignorar la intención de los votantes. Aunque el proceso de redistribución de distritos en Utah comenzó a nivel estatal en 2022, ha terminado involuntariamente en medio de una lucha nacional por la redistribución. A principios de este año, el presidente Donald Trump pidió a los estados liderados por republicanos que redibujaran sus mapas antes de 2026 para ayudar al partido a ganar más escaños.
Texas fue el primero en responder al llamado en un intento por ganar cinco escaños adicionales. Luego, Missouri siguió y redibujó sus mapas de una manera que podría expulsar a un congresista demócrata. Para contrarrestar a Texas, California, gobernado por demócratas, pidió a los votantes que aprobaran un nuevo mapa que también podría ayudar a su partido a ganar cinco escaños en Washington.
Ahora que la Legislatura de Utah ha votado sobre el Mapa C, estos son los próximos pasos del proceso, según un cronograma desarrollado por los abogados de ambas partes en el caso:
- 17 de octubre: ambas partes entregan al tribunal cualquier material que respalde su mapa y que se oponga al del otro
- 23-24 de octubre: si es necesario, el tribunal celebrará una audiencia probatoria
- 28 de octubre: ambas partes presentarán al tribunal lo que creen que el juez debe concluir
Finalmente, una vez que se haya decidido un nuevo mapa congresional, debe quedar definido antes del 10 de noviembre. Esta es la fecha establecida por la vicegobernadora Deidre Henderson en un documento judicial que daría tiempo suficiente a los secretarios de los condados para prepararse para las elecciones intermedias de 2026.
Sin embargo, hay otro elemento que complica el panorama. Durante el proceso de rediseño, el senador Brady Brammer propuso dos nuevas pruebas partidistas que se añadirían al conjunto existente de estándares que regularán los futuros procesos de redistribución. Como parte de la sesión especial, los legisladores también aprobaron ese proyecto de ley para codificar las tres pruebas en la ley: sesgo partidista, análisis de conjunto y prueba de diferencia entre la mediana y la media.
Los demandantes en la demanda original que inició todo este proceso, la League of Women Voters of Utah y Mormon Women for Ethical Government, presentaron una demanda tan pronto como se aprobó el proyecto de ley. En los documentos judiciales calificaron el conjunto de estándares como “un lobo con piel de oveja” y dijeron que “en el último momento, los Demandados [la Legislatura] una vez más han intentado cambiar las reglas del juego”.
Este reportaje ha sido traducido por inteligencia artificial y editado por Edgar Zúñiga, de Avanza 88.3, la primera emisora de radio pública bilingüe de Utah.